A166 Registro de Armas de Fuego; Concesión de Licencias a Vendedores, Compradores y Usuarios de Armas de Fuego; Uso de Marcadores

Durante la pandemia de Covid, las muertes por armas de fuego alcanzaron cifras récord. En 2021 se produjeron 48,830 muertes por armas de fuego. De esta cifra, 43% murieron por asesinato y 54% por suicidio. El año anterior, 59% de los homicidios se cometieron con armas cortas(Lo que dicen los datos acerca de las muertes por armas en EE. UU. | Pew Research Center). En comparación, 47,434 militares murieron por acciones hostiles en Vietnam entre 1956 y 2006. Aunque no hay un acuerdo en las cifras sobre las muertes de palestinos en Gaza, la mayoría de las estimaciones sobre la cantidad de muertos hasta mayo de 2024 se sitúan en torno a los 35,000 muertos. Los datos posteriores a Covid sugieren que en los años siguientes han muerto menos personas por armas de fuego, pero las muertes por armas de fuego siguen siendo inaceptablemente altas.

Sin embargo, ya sea 1 o 48,000 muertes, cada año mueren demasiadas personas por armas de fuego en Estados Unidos. Para las familias de las víctimas, la tragedia y el trauma son igual de grandes, sin importar si su ser querido murió en Vietnam, en Gaza o en las calles de Washington D.C. La Convención General de la Iglesia Episcopal y el Consejo Ejecutivo han aprobado resoluciones en las que piden que el gobierno actúe dando prioridad a la seguridad pública y reduciendo la violencia armada mediante medidas de control de armas. Estas resoluciones han sido resumidas en Policy for Action; An Index of Episcopal Church Policy Resolutions (Políticas para la acción: un índice de resoluciones de políticas públicas de la Iglesia Episcopal), publicado por la Oficina de Relaciones Gubernamentales Policy-for-Action-OGR-April-2024.pdf (episcopalchurch.org).

La Segunda Enmienda de la Constitución de Estados Unidos garantiza el derecho a portar armas. Este derecho no es absoluto, y debe equilibrarse con el deber del gobierno de garantizar la seguridad pública. De hecho, el Gobierno sí regula la posesión de armas de fuego y quiénes pueden poseerlas —ametralladoras, delincuentes, enfermos mentales— y puede imponer reglamentos razonables para salvaguardar al público. Estos reglamentos deben basarse en criterios objetivos y deben ser de emisión obligatoria, no de emisión voluntaria.

Una forma de dar prioridad a la seguridad pública es exigir que los vendedores, los compradores y los usuarios de armas de fuego tengan licencias y que el proceso de obtención de estas incluya un período de espera, indagaciones de antecedentes, evaluaciones de salud mental, capacitación obligatoria y requisitos de renovación. El derecho a portar armas no exime a las personas de la responsabilidad de ejercer ese derecho de forma responsable, ni al gobierno de hacer todo lo posible para garantizar que las personas estén debidamente calificadas para ejercer ese derecho.

El registro de armas de fuego por número de serie, marca, modelo e identidad de los propietarios originales y posteriores puede ser una herramienta para promover la posesión responsable de armas de fuego y la rendición de cuentas, para prevenir el tráfico ilícito de armas de fuego, su transferencia no autorizada y la recuperación de armas de fuego robadas.

El uso de marcadores en la pólvora y la creación de una base de datos nacional de marcadores facilitará la labor de las fuerzas del orden y mejorará la rendición de cuentas en los casos en que se utilicen armas de fuego en la comisión de homicidios o delitos.

 

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