A012 Sobre la Oposición al Apartheid de Israel
Se resuelve, con la aprobación de la Cámara de Diputados,
Que la Convención General de la Iglesia Episcopal reconozca que el sistema legal discriminatorio de Israel y el trato a los palestinos corresponden a las definiciones de apartheid elaboradas en la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid y establecidas en el Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General condene el sistema de apartheid de Israel como antitético al mensaje del Evangelio y a nuestro Pacto Bautismal de “luchar por la justicia y la paz entre todos los pueblos y respetar la dignidad de todo ser humano”; y asimismo
Se resuelve, Que la Convención General, reconociendo la complicidad del gobierno de Estados Unidos en el apoyo y la protección de Israel en sus prácticas de apartheid contra los palestinos, y considerando que ese apoyo es antitético a los valores fundamentales de Estados Unidos, pida al presidente y al congreso de Estados Unidos que condenen y se opongan al apartheid de Israel por todos los medios apropiados, sustituyendo la ayuda económica a Israel por la ayuda económica a los palestinos.
Explicación
Esta resolución se remitió de la 80a Convención General. Fue propuesta por la Diócesis de Washington, se incluyó en la lista como 2022-C042 y se remitió al Comité Legislativo 07 sobre Justicia Social y Políticas Internacionales.
Que la 127ª Convención de la Diócesis de Washington presente la siguiente resolución ante la 80ª Convención General de la Iglesia Episcopal.
El crimen del apartheid está codificado en el derecho internacional. El artículo II de la Convención Internacional sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid lo resume como “un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemáticas de un grupo racial sobre otro u otros grupos raciales y cometido con la intención de mantener ese régimen”. El pueblo palestino se considera un grupo racial de conformidad con la Convención porque ha sido tratado como un grupo racial.
Desde la fundación del estado de Israel en 1948, los árabes palestinos autóctonos que lograron evitar la expulsión de su tierra natal han vivido en Israel sometidos a un régimen de apartheid de facto (hasta 1966, estuvieron bajo la ley marcial) por carecer de “nacionalidad” judía. Después de que Israel conquistó Jerusalén oriental, Cisjordania y Gaza en la guerra de 1967, los palestinos no excluidos de permanecer en esas zonas han vivido bajo una ocupación militar de naturaleza aún más severa, similar a la del apartheid.
A lo largo de los años, muchas personas conocedoras han argumentado que Israel debe ser considerado un estado de apartheid (por ejemplo, “Informe del Relator Especial de la ONU para Palestina”, John Dugard, 2007; “¿Ocupación, colonialismo, apartheid?” 2012, Consejo de Investigación de Ciencias Humanas, Sudáfrica). Otros objetaron que, a diferencia de Sudáfrica, Israel no pretendía mantener un régimen de apartheid. Esta objeción ya no es sostenible.
En 2018, Israel promulgó la Ley del Estado-Nación en su “Ley Básica” (equivalente a su constitución), que declaró que “el derecho a ejercer la autodeterminación nacional” en Israel es “exclusivo del pueblo judío”, hizo que el árabe dejara de ser un idioma oficial y estableció “el asentamiento judío como un valor nacional” que el estado “trabajará para fomentar y promover.” En 2020, Israel declaró su intención de anexionar permanentemente más de la mitad de Cisjordania. Hasta la fecha, ha retrasado la ejecución de la decisión, que violaría el derecho internacional, pero no ha modificado su intención. Estas dos acciones establecieron más allá de toda duda razonable que Israel pretende mantener un régimen de apartheid que discrimina a todos los no judíos que gobierna.
En respuesta, las principales organizaciones de derechos humanos publicaron importantes informes en los que se documentaba detalladamente cómo el término apartheid es plenamente aplicable como descripción legal del régimen de derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados.[1]
Las iglesias cristianas han condenado formalmente el apartheid de Israel como un “pecado contra los hijos de Dios” y han condenado la “complicidad” del gobierno de Estados Unidos.[2]
En mayo de 2021, 93 estudiantes rabínicos estadounidenses publicaron una carta abierta en la que identificaban una “crisis espiritual” en el hecho de que “Israel mantiene dos sistemas legales separados”.
A partir de 1976, la Iglesia Episcopal se ha opuesto cada vez con más fuerza al apartheid en Sudáfrica. Las iglesias cristianas tienen una responsabilidad especial de apoyar a los judíos contra el fanatismo y la discriminación. Del mismo modo, tenemos el deber de apoyar a los palestinos contra el apartheid.
La adopción de esta resolución no tendría impacto en el presupuesto diocesano.
[1] Los informes incluyen: “This Is Apartheid”, enero de 2021, de la destacada organización israelí de derechos humanos B’Tselem; “A Threshold Crossed”, abril de 2021, de la organización mundial de derechos humanos Human Rights Watch; y “Legal Opinion”, 2020, de la organización israelí de derechos humanos Yesh Din (que solo examina los territorios palestinos ocupados).
[2] “Declaration for a Just Peace between Israel and Palestine”, julio de 2021, Sínodo General de la Iglesia Unida de Cristo (aprobada por el 83%); “Recognition of Apartheid in Israel/Palestine”, noviembre de 2021, Diócesis Episcopal de Vermont (aprobado 89-25-16); “Resolución F-184”, noviembre de 2021, Diócesis Episcopal de Chicago (aprobada 78% a 22%); “Cry for Hope: A Decisive Call for Action”, julio de 2020, Global Kairos for Justice (la coalición ecuménica cristiana palestina insta a poner fin a la “exclusividad y el apartheid”).